Ruta 100, ruta de sangre

In Opinión
ENTORNO LABORAL
Se orquesta una embestida contra la clase trabajadora  allá por el año de 1994, con motivo del estallido del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a quien el aparato de inteligencia gubernamental ha descubierto su subvención por parte del sindicato de la línea de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, Ruta 100, órgano del que se dijo emanaban recursos económicos y vestuario y equipo como aporte de la lucha zapatista.
Los principales actores en escena Manuel Camacho Solís, ex regente del entonces Distrito Federal, con gran influencia operativa en el seno del sindicato de la desaparecida Ruta 100, un hombre clasificado como incendiario y bombero, con una mano avivaba la flama de la guerrilla chiapaneca, y con la otra simulaba llevar la cubeta para apagar el fuego.
Óscar Espinosa Villarreal, quien detentó la función de último regente designado por el gran dedo presidencial, es decir, estábamos frente a una ciudad de 14 millones de habitantes quienes tenían cancelada la posibilidad democrática de elegir a sus gobernantes, después de esto emerge la asunción del poder en vía de elección popular de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el primer jefe de gobierno, con sepa seudo-perredista, sin perder de vista ya había sido gobernador por el PRI del estado de Michoacán. Tal vez fue el premio otorgado por el sistema de intercambio de favores, por no haber defendido su triunfo en la elección presidencial contendida con el principal accionista del establishment, “Don” Carlos Salinas de Gortari.
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Espinosa Villarreal, quien posteriormente fue descubierto en su condición de becario de Nacional Financiera, al haber obtenido una jugosa jubilación sin merecerla, sostuvo fuerte y quedito que la mano injerencista de los líderes y asesores jurídicos del sindicato de esa empresa gubernamental, “mecía la cuna” del EZLN y por ende, opera su desmembramiento, idea que compra el cerebro operativo de la política mexicana Carlos Salinas de Gortari, para provocar la idea mediática que solo el gobierno tiene la capacidad de proteger a los ciudadanos de una guerrilla armada que podría trastocar los intereses del establishment y en consecuencia promover el voto partidista a favor del candidato Ernesto Zedillo y el Revolucionario Institucional.
En ese entorno se observa la presión política recalcitrante hacia el Tribunal Superior de Justicia y su principal operador Saturnino Agüero Aguirre, simplemente se le obliga a orquestar a cualquier precio la extinción del organismo público Ruta 100 y el encarcelamiento de sus líderes y asesores jurídicos, Ricardo Barco y compañía.
En efecto, tal estrategia se promueve mediante el mecanismo jurídico insustentable de la quiebra, obligando al juez civil del conocimiento a declararla, resultando inadmisible la quiebra del Estado en mérito a que esa empresa pertenecía al gobierno del Distrito Federal, y declararla implicaba repercutir en la quiebra del mismo. En fin, las consecuencias para el juez civil fueron mortales en un oscuro accidente que sufre en la carretera de Cuernavaca a bordo de su camioneta Silhouette.
Otra arista, el encarcelamiento por fraude a los líderes sindicales de la empresa estigmatizada, ante la malversación de fondos que tuvieron en los manejos sindicales, desde luego bajo una proyección jurídica  disparatada, en mérito a la inexistencia de la querella por parte de los afectados que en especie serían los miembros del organismo sindical, pero de ninguna manera el gobierno del Distrito Federal porque esos fondos ya habían salido de su peculio para formar parte del patrimonio del sindical.
Lo anteriormente señalado provoca una disputa en el seno del propio Tribunal Superior de Justicia y precisamente en la sala penal que corresponde resolver la apelación contra la negativa de girar la orden de aprehensión resuelta por el juez Enrique Gallegos Garcilazo.
En efecto, los integrantes de la sala penal de conocimiento son presionados por el presidente de ese órgano para que revoquen la negativa de la orden de aprehensión y en su lugar le ordena a Garcilazo obsequie la misma en contra de Barco y sus secuaces.
Abraham Polo es presidente de esa Sala y recibe el siguiente apotegma por parte del máximo representante del Tribunal: “Es una cuestión de Estado, o giras la orden o te atienes a las consecuencias”.
Abraham Polo Usacanga tiene un hijo abogado que despacha en el edificio de Insurgentes 300, en la Ciudad de México, vecino y asesor jurídico de los líderes de Ruta 100.
La reticencia del magistrado Polo Uscanga para ordenar el libramiento de las órdenes de aprehensión, y su vociferante actitud de responsabilizar al presidente del TSJ de lo que le pase, desembocan primero en su forzada jubilación como magistrado y después en la aparición de su cadáver dentro del despacho jurídico de Insurgentes 300, en el que laboraba inclusive su hijo.
Muy al estilo de la abogada Digna Ochoa Plácido, quien se dijo haberse suicidado de dos balazos, uno en el corazón y otro en la cabeza, también se dijo que Abraham Polo Uscanga, se suicidó hincado.
En esa época se producen los crímenes en agravio del Tesorero de Ruta 100, quien fue muerto a balazos, así como uno de los Fiscales que tuvieron conocimiento de estos asuntos.
Aparece en los medios televisivos el presidente del TSJ, Saturnino Agüero Aguirre con lágrimas en los ojos, expresando: “¡Yo no lo maté…! ¡Yo no lo maté…! ¡Soy la primera víctima de este hecho!”
Al tiempo que su cancerbero Juan Luis González Alcántara y Carrancá, con un pañuelo de seda, le secaba las lágrimas a Don Saturnino, con una expresión en la cara como diciéndole: “¡No llore mi patrón…!”
El lunes 19 de junio, se cumplieron 22 años del Crimen de Estado en contra de Abraham Polo Uscanga, cuyo caso sigue en la mente de los mexicanos y peor aún del caso, un gigantesco abanico que se abre para proteger la ilegalidad de quienes participaron, intelectuales y materiales, en el artero asesinato del ilustre jurista mexicano, restos que se hallan en una humilde cripta del Panteón Jardín de la Ciudad de México.
Veintidós años de amplia impunidad entre los propios impartidores de justicia. ¡Qué paradoja! 

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