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EL UNIVERSAL

La flecha apunta a un documento fechado el 11 de febrero de 2011, cuando Cordero era secretario de Hacienda, en el que notifica al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la designación de apoderados de la dependencia para atender litigios laborales.

 

El oficio firmado por el funcionario acreditaba, entre otros, a Jaime Loé Rangel, quien se ostenta como abogado con una cédula profesional falsa.

 

El documento con el número 1605801 342, está marcado con un sello de la Dirección General de Profesiones.

 

Estallado el escándalo en 2012, tras rechazar la propia instancia dependiente de la Secretaría de Educación Pública que la cédula fuera real, el apoderado con funciones de subdirector de Área desapareció de la escena.

 

Se sabe, sin embargo, que tres días antes de la notificación a la dependencia del ilícito Loé Rangel había logrado ser pensionado.

 

El caso es que el falso abogado, quien se ostenta como egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, además de estudiar la primaria en la Escuela Club de Leones número 3; la secundaria en la 29, y la preparatoria en la José Vasconcelos, inició sus funciones en la Secretaría de Hacienda a partir de 1979.

 

A partir de entonces se le ubicó como apoderado para atender juicios laborales en lo individual y colectivo contra la dependencia, de tal manera que la bola contra Cordero alcanzaría a los otros titulares de la dependencia a partir de entonces.

 

La lista incluiría a José Antonio Meade, en su primer paso por la oficina que ocupara José Ives Limantour en Palacio Nacional.

 

En la ruta estarían, además, entre otros, Luis Videgaray, Pedro Aspe, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens y Francisco Gil Díaz.

 

Aunque en los oficios que se han girado sobre el asunto se han detectado 72 casos en lo que Jaime Loé Rangel actuó como representante de Hacienda en juicios laborales, en realidad se calculan al menos 28 mil.

 

En todos los casos sería válida la impugnación a la resolución final de los asuntos.

 

El jefe del falso abogado es el sexenio de Vicente Fox, es decir, en la época de Francisco Gil Díaz como titular de Hacienda, con Ricardo Zavala McGregor, primo de la aspirante presidencial independiente Margarita Zavala.

 

Lo curioso del caso es que Loé Rangel había solicitado su renuncia ante el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, Héctor Esteban de la Cruz Ostos, el 31 de diciembre de 2006, aduciendo que se incorporaría al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva los Servidores Públicos, en cuyo escenario se mantuvo seis años más.

 

Desaparecido de la escena, en 2013 la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de Hacienda le dirigió un oficio al titular del Órgano de Control Interno de Hacienda, señalando que no había antecedentes de sanción contra Jaime Loé Rangel.

 

Nadie pudo ver el gol durante 33 años.

 

Carambola de mil bandas.

 

Balance general. Las señales apuntan que a contrapelo de la representación de la industria, la Secretaría de Economía está integrando una contrapropuesta para Estados Unidos en la que se laxaría su posición en torno al contenido regional por automóviles de exportación a los países de la zona.

 

Como usted sabe, la pretensión del país del norte es subir el porcentaje de 62.5% a 85%, con la novedad de que el 50% de éste sería importado de su frontera.

 

La pretensión del país sería llevarlo a 76% con 40% de autopartes Made in USA.

 

La alternativa surge ante la bola negra que le está colocando Estados Unidos a Canadá, lo que implicó desechar todas sus propuestas alternas.

 

Del tamaño de la animadversión se habla de que en tres ocasiones el principal negociador del país de las barras y las estrellas rechazó por omisión, es decir sin contestar al teléfono, una invitación a cenar por parte de su par de la nación de la hoja de arce.

 

Pretexto. Apuntalada la pretensión de la Casa Blanca de aplicar a tabla rasa global de arancel a las importaciones de acero y aluminio, en la Sección 232 que alude a cuestiones de seguridad nacional, es evidente que se trata de pretexto para abrir una guerra comercial.

 

El enviar acero a un país, del grosor que sea, no le da acceso a la producción de tanques o cualquier arma bélica.

 

El verdadero problema es el exceso de producción a nivel mundial que inició China y siguió Brasil, en el primer caso bajo apoyo de subsidios.

 

La Cámara Nacional de la Industria del Acero califica de injusta la medida dado que la producción y exportación del país es ajena a subsidios.

 

La paradoja del caso, es que aunque México se erige como el cuarto proveedor de acero de Estados Unidos, la balanza comercial bilateral es favorable a su causa.

 

El superávit alcanzó en dos últimos años 3.6 billones de dólares.

 

El 76% de las exportaciones del producto por parte de la nación de las barras y las estrellas apunta a nuestro país y Canadá.

 

Perdió Napoleón. Aunque el Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia habla de trampas en el listado de trabajadores con derecho de voto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró valido un recuento en que la mayoría de votos apuntó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana.

 

Este pues, será el titular del Contrato Colectivo de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas.

 

La factoría es propiedad del Grupo Minero México.

 

La planta fue colocada en huelga hace 11 años.

 

Kimberly, en bache. La calificadora de deuda Standard & Poor’s acaba de modificar su perspectiva de calidad crediticia de Kimberly Clark de estable a negativa en reacción a la debilidad de sus resultados al 2017.

 

La firma advierte un ambiente hostil por la baja de velocidad en el crecimiento del país y el encarecimiento de las materias primas.

 

S&P señala que las “activas” políticas de distribución de dividendos de la compañía impiden el reducir su apalancamiento.

 

Respiro. Aunque el amago apuntaba a la deuda total de país que en su momento llegó a arañar el equivalente a 50% del Producto Interno Bruto, la calificadora de deuda Standard & Poor’s ratificó la calidad crediticia de la deuda del país en moneda extranjera.

 

La propia instancia había amagado con una degradación que habría sacado al país del grado de inversión de cara a la totalidad de la deuda externa del país.

 

 

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