Tiendas del ISSSTE, fachadas para el desvío y la triangulación (Reportaje, parte II)

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Tiendas del ISSSTE, fachadas para el desvío y la triangulación (Reportaje, parte II)

Por: Ana Lilia Pérez

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, las tiendas del ISSSTE -que tienen el mandato constitucional de servir como “tiendas económicas para beneficio de sus trabajadores y sus familiares”-, se convirtieron en la fachada de un sistema para evadir las licitaciones públicas y simular compras millonarias para dependencias gubernamentales.

El esquema se realiza mediante adquisiciones dirigidas, pero disfrazadas como supuestos convenios, “bases de colaboración” o “ventas institucionales”, sobre las que no hay certeza de que realmente se realicen, según auditorías elaboradas por el Órgano Interno de Control, área dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

Este tipo de “ventas institucionales” no están consideradas en el marco normativo del Superissste, pero se operan desde un área clave del organismo: la Subdirección de Abasto, una de las cuatro subdirecciones del sistema, y a través de las gerencias de las tiendas seleccionadas.

Las auditorías internas obtenidas por este medio se refieren a irregularidades cometidas en 2016, cuando la Subdirección de Abasto estaba al mando de José Castañeda Murillo, (sobrino de Jesús Murillo Karam, procurador General de la República de 2012 a 2015), quien ocupó esa subdirección hasta febrero de 2018.

Castañeda Murillo llegó a Superissste el 1 de marzo de 2013 como Gerente Regional, justo cuando su tío era procurador General de la República. Su primer encargo fue administrar las tiendas en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche. El sobrino del procurador fue contratado para el puesto aunque no cumple el requisito de tener un título universitario que exige la norma institucional, sino solo una boleta de cuatro semestres en Administración.

Fue su primer puesto en la función pública, ya que antes había trabajado en las empresas familiares de los Murillo, incluida una compañía donde aparece como socio de su primo Jesús Murillo Ortega, hijo del entonces procurador Jesús Murillo.

Entre 2007 y 2009 estuvo como gerente de Kamu SA de CV, empresa de ropa y artículos deportivos, donde aparecen como accionistas Edgar Daniel Murillo Karam y Edmundo González Murillo.

Antes (entre 2005 y 2006) estuvo como gerente de Comercializadora Farmacéutica Nacional, donde es socio junto con Carlota Castañeda Murillo y Ana Lilia Aguirre Serna. Y en Kouro Desarrollos SA de CV, donde aparece como socio de Jesús Murillo Ortega y Gerardo Murillo Saade Kuri. Castañeda Murillo aparece también como socio de la empresa Hoteling SA de CV, constituida en Cancún en noviembre de 2006 para la compra, venta, arrendamiento, administración y comercialización de hoteles.

En febrero de 2016 se le ascendió a Subdirector de Abasto, el área donde se operan las “ventas institucionales” que se facturan en millones de pesos, aunque están al margen de la ley y normatividad del propio Superissste.

Ventas simuladas

Las ventas institucionales que se operan desde la Subdirección de Abasto y las sucursales del Superissste están plagadas de anomalías, las cuales se encuentran en documentos internos inéditos obtenidos para esta investigación.

En la auditoría 02/810/2017, el Órgano Interno de Control revisó 18 ventas hechas en 2016 a dependencias federales y estatales a través de tres sucursales: Lomas Verdes, Zaragoza y Villa Coapa, por 155 millones 899 mil pesos.

Las operaciones se justificaron mediante “convenios” en los que se argumentó que Superissste tenía capacidades técnicas y económicas para suministrar los bienes, pero en ningún caso ocurrió así: en todos los casos Superissste compró directamente los bienes a otros proveedores.

Tanto las gerencias de las sucursales como la Subdirección de Abasto al mando del sobrino de Murillo Karam habrían incurrido en violaciones a la Ley de Adquisiciones.

Dicen los contralores: “El Superissste formalizó convenios, contratos y bases de colaboración con dependencias y entidades del gobierno federal y entidades federativas, sin tener la capacidad para proveer los bienes por sí misma, ya que a su vez adquirió el 100% a favor de un proveedor para cada contrato y/o convenios, lo que evidencia que la Subdirección de Abasto no verificó que el Superissste contara con los recursos técnicos, materiales y humanos para proveer los bienes requeridos, incumpliendo así lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones…”.

En lo que el OIC determinó como “inconsistencia de ventas”, se revela que las operaciones que se realizaron de manera virtual fueron simulaciones.

Por ejemplo, en la tienda de Villa Coapa se registraron 10 de las ventas con dependencias del gobierno federal y estatal por 56 millones de pesos, pero todo fue simulado: el gerente y subgerente de la tienda emitieron órdenes de surtimiento y hojas de costeo y al mismo tiempo de venta de mercancías en una de las cajas registradoras de la tienda, emitiendo ticket de venta y agregando al informe de ingresos, pero la mercancía nunca estuvo allí, tampoco se entregó.

Todo esto, a criterio de los auditores, contraviene los manuales de procedimiento con que deben operar las tiendas para los pedidos y recibos de mercancías.

El OIC determinó que la tienda Superissste de Villa Coapa “realizó simulación de operaciones comerciales, mediante un registro virtual de ingreso de mercancías”. Más grave aún, dice el OIC que no acreditó haber otorgado los bienes correspondientes a las diez ventas.

Se trata de ventas justificadas en supuestos convenios o contratos con la Secretaría de Desarrollo Social, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo del Estado de Morelos, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México e incluso el propio ISSSTE.

Una de las irregularidades más reiteradas es que para participar en estas compras el Superissste señala contar con la “experiencia, equipamiento, adiestramiento y los recursos humanos que le permiten por sí mismo el suministro de los bienes”, pero en realidad la institución sólo sirve de puente con otros proveedores que evaden la licitación pública.

También se hallaron problemas fiscales en la emisión de facturas. No encontraron las remisiones oficiales y actas de entrega-recepción de bienes que acreditaran que estos fueron entregados a los compradores.

En uno de los casos se documentó una venta en la que la supuesta entrega de los bienes se habría hecho 104 días después de la fecha establecida, en contravención al reglamento orgánico del Superissste.

En otras más no se encontraron los convenios de colaboración para justificar las ventas, lo que legalmente imposibilitaría al Superissste a realizar este tipo de transacciones.

Supuestamente la sucursal de Coapa le vendió al propio ISSSTE productos desechables y artículos  de oficina por 15 millones 151 mil pesos; a la Secretaría de Desarrollo Social material de limpieza por 409 mil 636 pesos; a la Secretaría de Trabajo de Morelos equipo de cómputo y tecnología de información por 109 mil 712 pesos, aunque nada de eso existe en las tiendas.

La misma práctica de adquisiciones y ventas simuladas se hizo desde la tienda del Superissste ubicada en el número 1711 de la avenida Ignacio Zaragoza, colonia Tepalcates, delegación Iztapalapa. Los auditores detectaron inconsistencias graves en por lo menos en tres ventas por  59 millones 779 pesos, que se habrían hecho al propio ISSSTE y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

En el primer caso se documentó la simulación en el registro y ticket de mercancía. En cuanto a los bienes que supuestamente le compraron la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y el ISSSTE “no acreditan haber otorgado el abastecimiento de los bienes correspondientes”, dice el documento oficial.

El organismo argumentó que las ventas se realizaron mediante convenio, pero el OIC no encontró el documento, “lo que imposibilita estar en posibilidades de dar cabal cumplimiento a las cláusulas del convenio”.

En esta supuesta venta “se efectuó primero la venta de los bienes, sin contar con registro de entrada y posteriormente llevó a cabo el registro de entrada de la misma”, y todo de manera virtual.

La misma mecánica se hizo desde la sucursal de Superissste en Lomas Verdes, municipio  de Naucalpan, Estado de México, donde sólo en la muestra elegida para auditar, los contralores cuantificaron inconsistencias en ventas por 39 millones 386 mil pesos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos,  y, de nuevo, al propio ISSSTE.

Igual que se hizo desde las sucursales de Zaragoza y Coapa, supuestamente se hicieron ventas, pero según los auditores “no acreditan haber otorgado el abastecimiento de los bienes correspondientes”.

Mercancía virtual

Veamos a detalle un caso: la venta efectuada a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal mediante convenio relativo a vestuario y uniformes por 21 millones 237 mil 346.54.

La venta en tienda se registro el 30 de noviembre de 2016, pero los bienes se dieron de alta en el sistema hasta el 5 de diciembre y fueron suministrados al 100 por ciento por un proveedor externo.

Lo mismo ocurrió con la supuesta venta al propio ISSSTE de productos desechables y artículos de oficina por 16 millones de pesos: el 31 de octubre de 2016 se realizó la compra, pero los bienes estuvieron disponibles hasta el 10 de noviembre.

Nuevamente, la mercancía nunca estuvo en bodegas o tiendas, todo el proceso fue virtual.

Mercancía caduca

Además de esas 18 ventas institucionales, los contralores revisaron la contabilidad y administración tres sucursales y se encontraron con que todas tienen graves problemas en su manejo e inventarios: mercancías caducas o en mal estado que no han sido devueltas a los proveedores.

Superisste puede regresar las mercancías en mal estado a los proveedores, ya que al igual que todos los supermercados tienen los bienes a consignación, lo cual significa que solo pagan un producto hasta que lo venden.

En estas tiendas también se encontraron devoluciones que sí se efectuaron pero que no descontaron a los proveedores, o que se descontaron por montos que no eran los correspondientes.

Se detectaron también anomalías de carácter fiscal en las facturas emitidas por el Superissste en el proceso de esas ventas derivadas de contratos o convenios celebrados con entidades gubernamentales. Destaca por ejemplo, la expedición de facturas en fechas anteriores a las que supuestamente se registró la venta.

O también ventas cuyas facturas se generaron con un desfase de hasta 186 días después de que supuestamente se hizo la venta, lo que no permitía gestionar el pago correspondiente. Tampoco se contaba con respaldo de los contratos o pedidos de las ventas realizadas a crédito por Superissste.

Cofepris venta triangulada

Una de las operaciones que hizo José Castañeda Murillo, como Subdirector de Abasto, que más llama la atención por el monto y que ejemplifica las irregularidades administrativas, es la supuesta compra que el 18 de noviembre de 2016 le hizo Cofepris, mediante un “Convenio interinstitucional para la adquisición de equipo de  laboratorio para la comisión de control analítico y ampliación de cobertura” por 106 millones de pesos.

Cofepris adjudicó el proceso de manera directa, argumentando que Superissste “manifiesta contar con la experiencia, equipamiento, adiestramiento y recursos humanos que le permiten por sí misma proporcionar el suministro de ‘los bienes’”.

Pero un día antes, Superissste compró los bienes a Corporativo Giormar de Mexico SA de CV, una compañía creada en noviembre de 2007 en Toluca, Estado de México, con un capital de  50 mil pesos.

De esta forma, Cofrepris adquirió equipo sumamente especializado (cámaras climáticas, hornos para esterilización, máquinas de centrifugado con refrigeración, gabinetes de bioseguridad, incubadoras microbiológicas, lavadores de microplacas) a un organismo que administra un sistema de tiendas y farmacias que en sus estantes no tiene más que algunas cajas de medicamento, algodones y alcohol.

Ventas de lo que no existe

Pese a las anomalías encontradas en esas llamadas “ventas institucionales”, el Superissste continúa con esta práctica en la que oferta artículos que no aparecen en tiendas ni inventarios.

La contabilidad de las tiendas es tan irregular, que estas “ventas institucionales” que en realidad son simulaciones ni siquiera se pueden cuantificar.

Por ejemplo, el año pasado, la tienda de Vértiz supuestamente vendió equipo de imprenta al ISSSTE con un valor de 31 millones de pesos.

Sin embargo, al visitar dicha tienda no existe equipo de este tipo, lo más parecido es la sección de papelería donde solo hay lápices de colores, pegamento, tijeras y algunos otros materiales de preescolar.

En el departamento de ropa se exhiben algunos conjuntos para dama y niños, pero oficialmente la sucursal vendió uniformes al ISSSTE, al gobierno de Morelos y al de Aguascalientes por más de 218 millones.

Esta tienda donde el departamento de muebles lo conforma una hilera de colchones, supuestamente vendió al ISSSTE muebles por 49 millones.

Su departamento de autos, refacciones y herramientas lo conforman algunas piezas de accesorios para automotores y supuestamente le vendió al ISSSTE más de 15 millones y llantas por 5 millones.

Las supuestas ventas que se hicieron en esa modalidad en 2017 sumaron 724 millones de pesos, todas operadas por adjudicación directa y de las cuales no existe la certeza de que en efecto hayan ocurrido.

El sobrino de Murillo Karam, dejó la subdirección en febrero de 2018 y actualmente la ocupa Ruy Avilés Salazar, un abogado que en las elecciones de 2015 se desempeñó como operador del PRI. Bajo su mando  las supuestas ventas de ese tipo continúan.

Según el registro interno de las Ventas institucionales concretadas por la Subdirección de Abasto, a las cuales se tuvo acceso, sólo este año la Superissste de Vértiz le ha vendido al ISSSTE insumos por 203 millones, lo cual es imposible porque según los propios estados financieros de las tiendas, ni las 70 sucursales de todo el sistema juntas tienen mercancías que valgan esa cantidad.

Por si eso fuera poco, además de las ventas simuladas, cuando la contraloría interna auditaba las tiendas se encontró con que las nóminas que se pagan no corresponden al número de personal real en tiendas, es decir, hay aviadores. Por ejemplo en la tienda de Villa Coapa cobran seis subgerentes, pero solo hay uno. En la de Zaragoza cobran dos subgerente que no aparecieron en la tienda.

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