Signos Vitales/¿Buen fin de sexenio?

In Opinión

EL ECONOMISTA

Alberto Aguirre

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Buen-fin-de-sexenio-20181104-0077.html

En el origen, el programa de descuentos generalizados al consumidor denominado el Buen Fin era una iniciativa de reactivación económica consensuado entre la cúpula federal y las autoridades federales que buscaba competir con el Black Friday que sigue al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el último jueves de noviembre.

El feriado por el 20 de noviembre fue la fecha para instaurar este maratón de descuentos, ya sea en tiendas o por compras online. Este año —el último de la administración peñista— quedó programado entre el 16 y el 19 de noviembre del 2018, periodo que incluye el día inhábil correspondiente al aniversario de la Revolución Mexicana.

La transición del mando presidencial, empero, trastocó uno de los elementos de esta promoción comercial: el pago adelantado del aguinaldo, que esta ocasión recibió la burocracia federalizada una quincena antes de lo esperado.

A finales de la semana pasada —confirmaron empleados de al menos una decena de secretarías de Estado—, llegó la sorpresiva transferencia a sus cuentas bancarias para la nómina. Muy pocos creen que esta medida estuvo ligada al éxodo de capitalinos, forzado por el desabasto de agua potable. La mayoría asume que fue una reacción ante la presión del líder del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, para promulgar la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El tope en la percepción mensual —de 105,000 pesos— o la eliminación de las pensiones para los expresidentes han quedado en segundo plano. Extraoficialmente, encargados de las áreas de finanzas y administración de distintas dependencias federales han logrado saber que el sueldo neto para la alta burocracia tendrá ese límite, pero esperan a la presentación del paquete económico 2019 ante la Cámara de Diputados, para trazar la nueva ruta.

Las definiciones de los capítulos 1000 y 2000 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en ciernes. Ahora mismo hay temores fundados sobre el nuevo catálogo de puestos que acompañará a las nuevas leyes. Además de las remuneraciones, está la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que afectaría —de acuerdo con diversas interpretaciones realizadas por el gobierno saliente— a la baja a los mandos medios y superiores.

La entrada en vigor de ambos ordenamientos —insisten— habría impactado en el monto del aguinaldo, por lo que se procedió a ese desembolso anticipado. El ajuste a los servicios personales, por el contrario, es inevitable sobre todo por la inflexibilidad de la administración entrante, que exigió una limpia del aparato burocrático, disfrazada de “renuncias” en el caso de los trabajadores eventuales y aquellos contratados por honorarios.

La compactación del organigrama, con la eliminación de las direcciones generales adjuntas. De acuerdo con el contenido de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, las oficialías mayores de las dependencias serían sustituidas por unidades de administración y finanzas, que dependerán directamente del secretario de Hacienda, a excepción de los designados por los titulares de la Sedena y Semar. Los órganos internos de control quedarán adscritos presupuestalmente a la Secretaría de la Función Pública, de quien continuarán dependiendo jerárquica y funcionalmente.

Al frente de la Oficialía Mayor única quedaría Raquel Buenrostro Sánchez. Y en tanto se expiden las nuevas normas reglamentarias, las facultades con que cuentan las unidades administrativas de las dependencias y entidades, que por virtud del decreto se modifican, continuarán vigentes.

Como unidades administrativas dependientes de la Oficina de la Presidencia quedarían las delegaciones de programas para el desarrollo. Salvo una justificación —estudio de costo-beneficio incluido— sólo ciertas dependencias mantendrán oficinas de representación en las entidades federativas.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿DESTIERRO? En las benditas redes sociales circularon profusamente las imágenes de José Ramón López Beltrán en el lobby del hotel Villa Magna, de Madrid. Tales develamientos tendrían similar origen que algunas de las injurias proferidas contra César Yáñez después de sus rumbosas nupcias. Luego de las campañas presidenciales, el primogénito de AMLO incrementó su influencia en la casa de transición, a través de Gabriel García Hernández. Y con una legión de dirigentes morenistas —sobre todo en la CDMX y el Estado de México— y parlamentarios leales, se ha vuelto una presencia incómoda para otros integrantes del primer círculo obradorista, donde han planteado que lo mejor es que cambie de código postal, que concluya su posgrado en el extranjero. A California, deslizaron algunos personajes de la próxima cancillería. Otros sugirieron España. Pero que nadie haga malas interpretaciones: el joven López Beltrán estuvo en tierras ibéricas de vacaciones y estará de vuelta a mediados de la semana para reanudar sus actividades privadas.

¿ABORDAJE? Sin el perdón fiscal y con una carta de no antecedentes penales en las alforjas, Elba Esther Gordillo Morales buscaría regresar a la presidencia nacional del SNTE. La única vía posible es el desconocimiento de la legalidad de la actual directiva encabezada por Juan Díaz de la Torre, quien se aferra al cargo. ¿Un Congreso extraordinario, antes de que AMLO asuma la Presidencia de la República? “No hay condiciones”, refieren funcionarios de Los Pinos, “por la polarización al interior del sindicato”. Trillado es el disenso entre las distintas corrientes magisteriales y sólo una decisión judicial podría precipitar los acontecimientos. Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para ser precisos, porque la denuncia tramitada por Venancio Morales —a nombre del Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial— ante la PGR para denunciar la malversación de las cuotas sindicales por parte de Díaz de la Torre, dormirá el sueño de los justos.

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