Cuestionan reformas a estructura federal

In La Transición

REFORMA

Claudia Salazar

El análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal inició con críticas de diputadas del PAN, PRI y MC.

En sesión de conferencia entre las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y el Senado, las legisladoras expresaron dudas sobre los alcances de las reformas propuestas por Morena, que se pretenden aprobar la próxima semana.

La panista Laura Angélica Rojas indicó que el modelo planteado representa una concentración de atribuciones en el Ejecutivo federal, así como la vulneración a organismos autónomos.

“Vemos con preocupación que este proyecto busca ser el instrumento para implementar un modelo de gobierno que creíamos habíamos sepultado en México: el de la hiperconcentración del poder. Es la antítesis de lo que sería un gobierno democrático, plural e incluyente”, dijo la panista.

Indicó que la figura de los superdelegados en las entidades es, incluso, inconstitucional.

La diputada del PRI Dulce María Sauri coincidió en que la reforma debe generar mayor eficacia.

Criticó las facultades que se pretenden dar a la Consejería Jurídica de la Presidencia para nombrar y remover a los jurídicos de las dependencias federales.

Por MC, Martha Tagle también advirtió que la reforma resta responsabilidad a los titulares de las dependencias en la firma de los contratos de bienes y servicios.

Cuestionó si el Consejero Jurídico de la Presidencia asumirá todos los contratos del gobierno, en lugar de los jurídicos de cada organismo.

Puso como ejemplo el caso de la Estafa Maestra, donde no se ha podido señalar a la Secretaria Rosario Robles, debido a que los contratos están firmados por el oficial mayor de Sedesol y Sedatu, y no por ella.

La diputada de Morena Dolores Padierna defendió la iniciativa al señalar que se busca servir a la población y acabar con la corrupción.

“Tenemos el derecho de escoger un modelo de gobierno e impulsar la estructura orgánica que se considera conveniente para desarrollar el plan de gobierno ofrecido en las urnas.

“Uno de los principios es el anhelo de servicio al pueblo; se cambia la visión del ejercicio público hacia la atención de los derechos ciudadanos; por ejemplo, las delegaciones, en particular, y las nuevas facultades de la oficina de la Presidencia se explican por la necesidad de vigilancia que va a tener el Ejecutivo federal de cada una de las instrucciones y políticas públicas que se van a instrumentar”, aseguró en la reunión.

Afirmó que no es una propuesta “antítesis de un gobierno”, sino que se busca concentrar funciones en la Secretaria de Hacienda para evitar corrupción en contrataciones, lo que ha sido un lastre de los últimos 40 años.

“Estamos hablando de un nuevo paradigma de la administración pública federal, es un proyecto que renueva el modelo de la administración pública para responder a cinco ejes rectores: los derechos de las personas, el combate a corrupción, los esfuerzos de transparencia, la obligada rendición de cuentas, la eficacia y la austeridad en la administración pública federal”, expuso.

Este miércoles continuará el análisis de la iniciativa en el tema de seguridad.

La presidenta de la comisión de Gobernación, Rocío Barrera, indicó que se revisarán todas las propuestas y se evaluará su inclusión en el proyecto de dictamen, que se presentará a votación el próximo lunes.

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