T-MEC frenó los amparos de la IP contra la reforma laboral

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EL ECONOMISTA

T-MEC frenó los amparos de la IP contra la reforma laboral

Para la iniciativa privada en México (IP) es más importante la aprobación del T-MEC que demostrar judicialmente la inconformidad sobre algunos puntos de la reforma laboral, reconoció Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El pasado 1 de julio venció el plazo para presentar amparos y sólo organizaciones adheridas al Congreso del Trabajo (CT) y al Confederación de Trabajadores de México (CTM) promovieron más de 400 solicitudes en contra de la reforma laboralNinguna empresa se amparó para no poner en riesgo la ratificación del T-MEC, específicamente por la condición del Anexo 23, explicó el empresario.

“Había un Anexo 23 que estaba condicionado al T-MEC, entonces pues no podíamos ampararnos porque o era una u otra y queríamos los dos”, aseguró el líder empresarial al ser cuestionado por El Economista.

Sin embargo, la abstención de la iniciativa privada por ampararse no significa que los empresarios acepten en su totalidad la nueva ley laboral. Por ello, será el Parlamento Abierto que organizará el Senado de la República (22-25 de julio) el espacio que aprovecharán los empresarios para proponer mejoras e incluir los temas que, consideran, quedaron pendientes en la reforma laboral promulgada el primero de mayo.

“Hay el compromiso que hagamos un Parlamento Abierto sobre el tema laboral para afinar aquellas cosas que le pueden pegar a la competitividad del país. Hay muchos temas, yo creo que está en las comas y en las interpretaciones, finalmente se movieron 500 artículos de los 1,000 de la Ley Federal del Trabajo. En donde más puede se puede hacer es en la parte de huelgas”, expuso Francisco Cervantes.

El presidente de la Concamin reconoció que la huelga es un derecho de los trabajadores, pero es necesario que este tema no genere incertidumbre en la legislación, y es como la percibe la iniciativa privada.

“Que no quede incertidumbre en esa parte, que haya un número y no se quede abierto. Porque cuando se anuncia una huelga se paralizan los activos y no podemos transitar con eso. Estamos de acuerdo de que es un derecho del trabajador, pero que tengan una vigencia”, detalló.

Cervantes afirmó que hay voluntad en el Senado de la República para discutir este punto de la nueva ley.

Puntos de conflicto

En su análisis de la reforma, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que los cambios a la LFT no contemplaron la garantía de la democracia sindical en los emplazamientos a huelga y el derecho de la mayoría de culminar esta cuando afecte a su centro de trabajo.

Para esto, propusieron modificaciones a los artículos 920 y 929 de la nueva ley.

“Se acompañará el acta de la votación en la que la mayoría de los trabajadores miembros del sindicato hayan aprobado el emplazamiento a huelga, las peticiones y la integración de la comisión revisora”, dice el planteamiento de la IP para garantizar la democracia sindican en las huelgas.

En el caso de la culminación de las huelgas por decisión de la mayoría de los trabajadores, el CCE propuso que estos movimientos se terminen mediante un acuerdo entre la mayoría de los trabajadores huelguistas y el patrón.

Además, pidieron reducir de 60 a 15 días el plazo para que el patrón pueda ejercer su derecho a solicitarle al Tribunal Laboral determinar a quién le son imputables los motivos de la huelga (al patrón o a los trabajadores). Esto, porque el tiempo que contempla la reforma para usar este recurso “resulta demasiado extenso y que puede impactar en la subsistencia de un centro de trabajo”, argumentó el CCE.

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