Iniciativa de subcontratación de Gómez Urrutia busca apoyo internacional pese a rechazo en México

In mineros, outsourcing

EL ECONOMISTA

La subcontratación laboral tendrá su primera reforma, luego de ser incluida en la Ley Federal del Trabajo hace siete años, con la intención de eliminar malas prácticas, sin que ello signifique su eliminación. No obstante, la propuesta que presentó en el Senado de la República, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social Napoleón Gómez Urrutia, no fue bien recibida en el sector empresarial y laboral; aunque organizaciones sindicales a nivel internacional lo apoyan.

De acuerdo con Gómez Urrutia, la propuesta, que ya fue turnada en a la Comisión de Trabajo y que se encuentra en proceso para ser dictaminada, tuvo un buen recibimiento por representantes laborales de países como Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil.

El líder de la central obrera más importante de Estados Unidos (AFL-CIO), Richard Trumka, declaró que una propuesta que regule la subcontratación, fortalece la reforma de la legislación laboral y protege a los trabajadores contra los abusos corporativos.

Matías Cremonte, abogado argentino, se pronunció por un cambio en las condiciones de trabajo en América Latina para evitar vulnerar los derechos laborales, y que ha acotado tanto el derecho de huelga como la justicia laboral, al tiempo de que los empresarios reducen la relación con los trabajadores.

La iniciativa que se presentó el pasado 29 de octubre, se revisará junto con otras propuestas a fin de contar con un dictamen para este periodo ordinario de sesiones, informó Marcos Del Rosario Rodríguez, secretario técnico de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores.

Algunos aspectos que incluye la reforma son: precisar e incorporar medidas para que las empresas de subcontratación se ajusten a los parámetros de la Ley; crear el Registro de Empresas de Subcontratación; Crear un sistema de gestión para verificar que se cumpla con los requisitos; busca frenar el insourcing —una figura de la misma empresa para contratar a su personal— ; además, prevé que se revise el pago de utilidades a los trabajadores y que se garanticen los derechos sindicales de los trabajadores.

Sin embargo, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la iniciativa sobrerregula la actividad de la subcontratación, y propone que se revise el esquema de Participación de las Utilidades para los Trabajadores (PTU), para ver si es conveniente que se mantenga o no como una prestación laboral.

Para el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), en caso de que prospere esta iniciativa, “se atentaría contra la contratación formal que hoy se tiene registrada mediante subcontratación y en consecuencia se llegarían a perder alrededor de 2 millones de empleos formales, en detrimento de los trabajadores contratados bajo este esquema, así como de las autoridades de seguridad social, que dejarían de percibir las cuotas obrero-patronales derivadas de dichos empleos”.

Además, consideran que es poco probable que los empleados que hoy están contratados bajo este esquema “sean contratados directamente por los beneficiarios de los servicios, por lo que una cifra similar pasaría a formar parte de la informalidad laboral”.

Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma De la Vega y Martínez Rojas, dijo que la propuesta busca eliminar la intermediación, hace responsable solidario al contratista y contratante, especialmente en el tema del pago de utilidades, “si no se cumple cabalmente con que la subcontratación sea especializada, esporádica y fuera de la actividad principal de la empresa, con lo cual se elimina el insourcing, que es cuando un grupo empresarial tiene en una empresa a los trabajadores y en otra la utilidad”.

“Aunado a esto, si la Comisión Nacional para la fijación del PTU, mantiene el 10%, que fue establecido en 1985, cuando la inflación era del 85% y los Cetes (Certificados de la Tesorería) un 89% aproximadamente, ahora con una inflación inferior al 4% y Cetes al 8%, el 10 de PTU es totalmente antieconómico para las empresas, USA bajo su impuesto corporativo del 30% al 20%, resulta que en México el empresario pagará el 40% de la utilidad, lo que saca al país de toda competitividad, el PTU debe reducirse a un porcentaje acorde a la economía nacional, de aproximadamente un 3%, para no dañar más la inversión productiva”, dijo Martínez Rojas.

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