La implosión del sindicato petrolero

In Opinión, petroleros

EL UNIVERSAL

Roberto Rock

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El gobierno López Obrador decidió alentar el desmantelamiento de la cúpula de dirigentes petroleros que durante décadas han usufructuado enormes dosis de poder político y económico, a costa de colaborar en la quiebra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y arrinconar al Estado.

El propósito gubernamental puede arriesgar la operación de instalaciones estratégicas si se desata una insurgencia laboral que disloque esta organización con cerca de cien mil integrantes agrupados de manera férreamente vertical.

De acuerdo con reportes allegados a este espacio, existe un interés de Estado en respaldar un cambio laboral en Pemex, pero también de combatir estructuras mafiosas al interior del sindicato petrolero, presumiblemente ligadas con bandas criminales del robo de combustibles (gasolina y gas) y el tráfico de drogas y armas.

La estrategia dictada desde Palacio Nacional supone cerrar el camino para que el depuesto líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, mantenga el manejo del gremio a través de incondicionales, como sigue ocurriendo pese a su renuncia formal el 16 de octubre.

Las fuentes consultadas aseguraron que Romero Deschamps, quien tuvo el cargo formal durante 23 años, sigue mandando sobre el dirigente interino, Manuel Limón Hernández, así como ante el Comité Ejecutivo del gremio y los 36 líderes regionales. Su dominio se nutre en la lealtad de dirigentes, en la complicidad e, incluso, en la extorsión con el uso de supuestos expedientes negros.

Se ha determinado que la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, cierre la puerta a la ratificación de Limón Hernández por el término de cinco años que disfrutaría aún Romero Deschamps al frente del sindicato. De acuerdo con la nueva ley laboral, ello orillará al gremio a convocar a nuevas elecciones internas, mediante asamblea de delegados, o a través de una votación universal de todos los trabajadores en cada uno de los centros de trabajo. La primera opción fenece en una fecha no clara porque el plazo definido por un artículo transitorio de la ley no precisa si se trata de días laborales o naturales.

La labor de la secretaria Alcalde no supondrá por ahora otra faceta, pues la ruta de negociación con el gobierno será el despacho del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, cuya intervención en otras encomiendas no ha sido del todo eficaz. Tampoco tendrán injerencia la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ni el director de Pemex, Octavio Romero, a los que se atribuye estar sosteniendo una ya larga confrontación. La pugna ha sido acelerada por el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. De ahí que otro invitado a la reyerta sea el gobernador de esta entidad, el morenista Adán Augusto López Hernández, que ha tomado partido por la señora Nahle.

Según las fuentes consultadas, la dirigencia interina encabezada por Limón Hernández camina por rutas repletas de disyuntivas, lo que incluye convocar a elecciones internas o apostar a una agitación que obligue al gobierno a extender su aval a los nuevos líderes. Si optan por la elección, deben convocar una asamblea de delegados este mismo año, o tendrían hasta marzo próximo para celebrar una consulta universal.

Dentro de este escenario, si hay elecciones la duda radicará en cómo simular una competencia democrática. Se prevé que el propio Limón Hernández sea postulado, pero también podría serlo el actual secretario del Exterior, Daniel Aguado Rojas, con asiento sindical en Hidalgo y, como todos en ese ámbito, atado por una gruesa soga de intereses a Romero Deschamps. Están a la vista pero en un plano marginal, disidentes como Mario Rubicel Ross García, Arturo Flores o Yolanda Morales Izquierdo, que sólo podrían catapultarse mediante un respaldo expreso de Palacio Nacional.

Entre las barajas que deben jugar los líderes interinos figura por último el ejército de abogados que necesitan para una batalla jurídica y política. Está descartado de entrada Arturo Alcalde, el experto laboral de moda, padre de la titular del Trabajo (también de Berta Alcalde, subsecretaria de Seguridad, y esposo de Bertha Luján, aspirante a la presidencia de Morena). Este abogado acumula una distancia histórica con la dirigencia nacional petrolera.
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