Quitan dureza al outsourcing

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REFORMA

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 El dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing quedó en términos moderados, a diferencia del proyecto original presentado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, advirtieron abogados laborales.

Según los expertos, el principal cambio es que se le quitó la connotación de ser una práctica criminal, lo cual genera certezas entre el sector empresarial.

«Tiene varias cosas interesantes el dictamen porque por un lado le quitaron la parte de la criminalización, por el otro lado, se está considerando la creación del padrón de empresas y eso puede traer certidumbre a este tema. Habría que ver qué cambios son los que están previendo hacerle al dictamen, pero en términos generales, es un poco más moderado de lo que se pensaba que iba a hacer», señaló Germán de la Garza, del despacho de abogados Mowat.

Se espera que el dictamen sea discutido en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

En el dictamen se establece que el contratante será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores.

Esto con el objetivo de que los trabajadores no queden desprotegidos en caso de que se violen sus derechos laborales por parte de la empresa de outsourcing.

Además se exigirá que el contratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, que será operado por la Secretaría del Trabajo.

Para estar inscrito en dicho Registro, se deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Además, en el artículo 15-D, se establece que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales.

Por su parte, Oscar de la Vega, del despacho De la Vega & Martínez Rojas, señaló que a través del registro de empresas de outsourcing se incrementaría la fiscalización de las empresas.

«Esto es fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado, lo cual en la medida en la que no haya corrupción y capacitación de las personas a cargo de esta operación, puede ser positivo. Pero se puede prestar muchísimo a corrupción y sobre todo cuando no hay capacitación como estamos viendo con los inspectores del trabajo», señaló De la Vega.

El dictamen también establece que los patrones que se nieguen a recibir a inspectores de las autoridades del trabajo, se haría acreedor a una multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

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